El Ministerio de Educación afirmó hoy que de 1,784 millones de pesos licitados el año pasado para la compra de mobiliario escolar, mil 271 millones fueron a parar a las Pequeñas y Medianas Empresas, a las que se adjudicó el 71.24 por ciento de lo contratado.

En respuesta a denuncias de la Asociación Dominicana de la Pequeña y Mediana Industria (ADOPMI), el viceministro Administrativo de Educación, licenciado Antonio Peña Mirabal, dijo que en 2015 ese Ministerio realizó dos procesos de licitación de mobiliario escolar, en los que participaron 209 empresas nacionales, entre ellas 174 Pymes, o sea, un 83.25 por ciento del total de participantes certificadas como tales por el Ministerio de Industria y Comercio.

Agregó que en ambos procesos fueron adjudicadas 93 empresas, de las cuales 81 son Pymes, que a su vez representaron un 87.-09 por ciento de los participantes.

“En esos dos procesos se licitaron 1,784 millones de pesos para compra de mobiliario escolar, de los cuales las Pymes fueron beneficiadas con 1,271 millones de pesos, o sea, el 71.24 por ciento del valor adjudicado”, expresó Peña Mirabal.

Subrayó que de las dos licitaciones que se hicieron el año pasado, una era para PYMES en general y otra exclusivamente para MIPYMES  de fabricación nacional, debido a la confusión indicada más arriba.

Proclamó que Educación cumple fielmente lo que estipula la Ley y la reglamentación sobre licitaciones públicas para la adquisición de bienes y servicios, por lo que rechazó las acusaciones de presuntas irregularidades en la adquisición de mobiliario escolar en perjuicio de  los pequeños y medianos fabricantes de muebles locales, sector al que asigna más del 20 por ciento de esos procesos.

El funcionario atribuyó a ADOPMI pretender empañar los procesos de compras, mal informando sobre los recursos interpuestos por las empresas que no han resultado adjudicadas, ya que “es totalmente falso el  alegato de que haya 75 licitaciones suspendidas”.

Dijo que resulta extraño que cada cierto tiempo desde ese sector surjan denuncias sobre supuestas irregularidades, ya que sus principales directivos saben que la Ley 488 dispone que de todas las compras del Estado, debe asignársele el 20 por ciento a las MIPYMES.

Peña Mirabal resaltó la transparencia con que Educación realiza los procesos de compras y contrataciones de servicios, así como la apertura con que se ejecutan. Indicó que “luego, el  decreto 164-13 dispone que de este 20% se debe dar prioridad a las empresas MIPYMES de fabricación nacional, siempre que puedan ofrecer el bien o servicio a adquirir”.

Achacó la acusación a una confusión de la directiva de la ADOPMI, que pide cumplimiento de las normas para los llamados a licitaciones públicas.

Dificultades para entrega

El funcionario subrayó que un factor auto limitante para el sector de fabricación nacional es el retraso en la entrega de los bienes, indicando que ese sector afronta atrasos de entrega de bienes contratados desde el año 2013.

Sobre el término de “empresas de carpeta”, Peña Mirabal señaló que también están confundidos, pues todas las empresas participantes en los procesos están previamente certificadas como proveedoras del Estado ante la Dirección de Contrataciones Públicas, además de cumplir con los requisitos legales y de experiencia que exige cada pliego.  El funcionario sentenció que “los fabricantes tradicionales de muebles no pueden oponerse a que otras empresas que cumplen los requerimientos de los pliegos entren a participar también de las licitaciones del Ministerio, puesto que uno de los principios del artículo 3 de la ley 340-06 es justamente el de la igualdad y libre competencia entre todos los posibles oferentes”.