En un nuevo ataque a las decisiones del Consejo Nacional de Educación que tiene por la Ley No. 66- 97, Art. No. 78, la facultad de aprobar el curriculum, lit g, el sistema de evaluación, lit h, y los libros de texto, lit e, la Asociación de Industrias Editoriales de la Rep. Dom., pretende que este órgano no cumpla con sus obligaciones legales, hace presiones indebidas para conservas privilegios.

En el fondo se trata de una estrategia de intimación para crear pánico entre los integrantes del Honorable Consejo. En contradicción con su propio escrito, reclaman la validez de las ordenanzas no. 03- 2021 y No. 01- 2022 que establecen las bibliografías de textos para los años de referencia, basadas en el curriculum vigente de la época establecido mediante las ordenanzas no. 01- 2015, de inicial y 2-2015, de primaria y 01- 2017 y 3- 2017, para secundaria y técnico profesional de este Consejo Nacional de Educación, CNE.

Estos instrumentos legales fueron aprobados en su memento con el mismo procedimiento que hoy se aplica, que ayer eran válidos y hoy no, según se desprende del escrito de marras. Se alega que no fueron consultados los sectores interesados argumento que carece de validez, ya que el curriculum que hoy se somete para la aprobación del Consejo Nacional de Educación, CNE, fue objeto de un año de experimentación y se recogieron las opiniones de los docentes, administrativos y expertos nacionales.

Igual ocurre con el sistema de evaluación de los aprendizajes que hoy se decide. El mismo se basa en los principios del nuevo curriculum que preconizan la formación por competencias y es obvio que la evaluación del proceso formativo debe ser coherente con ello. Por eso es que se somete un nuevo sistema para evaluar los logros de los alumnos. Este nuevo sistema de evaluación fue objeto de trabajo de un año de la Comisión multisectorial creada al efecto. En esta Comisión se hicieron consultas a los diferentes sectores y esta ordenanza es fruto del consenso logrado.

No es una improvisación, es el fruto de un serio trabajo de la referida Comisión. Y naturalmente, los libros de texto que hoy se someten para la aprobación de este Consejo son el resultado de la decisión de este mismo organismo que ordenó, mediante la ordenanza no. 03- 2022, que los libros y otros materiales de apoyo se elaboren acorde con las orientaciones del currículum en ese momento en experimentación. Para ello fueron contratadas mediante convenio de colaboración científica la Academia de Ciencias de la Republica Dominicana (ACRD), la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), la Universidad Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), la Universidad Central de Este (UCE), Universidad Católica Nordestana (UCNE), Universidad ISA, Academia Dominicana de la Historia, Academia Dominicana de la Lengua, Fe y Alegría Dominicana (F yA RD), Arzobispado de Santo Domingo y el Archivo General de la Nación, AGN. Instituciones de alta credibilidad social y científica.

En el fondo de lo que se trata es de poner el interés comercial sobre el interés de la sociedad de tener una educación mejor y más acorde con los tiempos actuales. Estos libros son los únicos disponibles en el mercado editorial que cumplen con los requerimientos del curriculum que se pondrá en vigencia durante el año lectivo 2023- 2024.

En la época de la digitalización, en la sociedad del conocimiento, donde la internet está presente en todas los ámbitos de la vida social, académica y científica, pretender que no se ponga en operación la plataforma que se ha creado para que los alumnos del país puedan acceder a los libros desde cualquier lugar, es pensar que la sociedad dominicana no se merece tener una educación basada en los cambios científicos y tecnológicos que caracterizan la sociedad del conocimiento. Es pretender retrotraer al pasado a la sociedad dominicana. 

La tendencia es que el conocimiento se distribuya de manera libre, que todos los habitantes del planeta puedan tener acceso al conocimiento más reciente. 

Las decisiones sobre el mecanismo de contratación de las entidades de referencia fueron debidamente refrentadas por la Dirección General de Contrataciones Públicas, DGCP y por la Contraloría General de la República.

El proceso seguido cumple con los principios de la Ley de Educación y con la Constitución de la República. No se violan, ni se violarán, derechos a ninguna persona. Lo contrario, una de las funciones centrales del MINERD es, Art. No. 94, lit e, es precisamente, “la preparación, selección y difusión de medios educativos, libros de texto, nuevas metodologías...” El MINERD al elaborar los libros de texto, establecer un nuevo currículo y un sistema de evaluación, lo que hace es cumplir con sus funciones misionales conforme a la Ley y a la Constitución de la República.

La sociedad dominicana debe reclamar a todos los actores del sistema educativo poner como su interés principal el éxito de los niños y niñas en su proceso formativo.

En torno al 4% se han creado negocios cuyo único interés es ese: ganar dinero, sin importar lo misional del sistema educativo. Es precisamente por el interés de hacer un uso más eficiente de los recursos del MINERD que se adoptó la decisión de que este organismo haga los libros de texto.